El Consorcio Interventor ejerce funciones de control y vigilancia sobre la gestión predial destinada a garantizar la titulación y la disponibilidad jurídica de las áreas requeridas para la ejecución del proyecto vial, en el marco: del Contrato de Interventoría No. 759 de 2024, del contrato de concesión, la Constitución Política y el régimen normativo que regula la adquisición y el saneamiento predial en los proyectos de utilidad pública. Su actuación se orienta a verificar que los procedimientos se desarrollen con sujeción al debido proceso, garantizando la legalidad, transparencia y proporcionalidad de las actuaciones, el respeto por el derecho de propiedad y la correcta aplicación de los mecanismos jurídicos dispuestos para la obtención de los inmuebles necesarios para la infraestructura vial.
En este contexto, la Interventoría supervisa que las áreas de terreno objeto de gestión correspondan exclusivamente a lo estrictamente requerido por el proyecto, conforme a los estudios de detalle y a las obligaciones contractuales del concesionario, realizando seguimiento a la trazabilidad de las actuaciones, la suficiencia de los soportes y el cumplimiento de las obligaciones asociadas.
